Comité de Traducción Literaria

¿Qué está pasando con la Línea de Apoyo a la Traducción?

Una política pública que vale la pena defender

Por Kevin Holmes

Comité de Traducción Literaria y Editorial

A estas alturas del año, la comunidad de traductoras, traductores y editoriales independientes ya habría presentado sus postulaciones a la Línea de Apoyo a la Traducción del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sin embargo, en 2026 la convocatoria aún no ha sido publicada y, hasta ahora, no existe información oficial sobre si abrirá durante este año. Este retraso no solo genera incertidumbre: compromete la planificación de editoriales y traductores y pone en duda la continuidad de una política pública que el propio Estado ha impulsado durante más de una década.

La Línea de Apoyo a la Traducción se ha consolidado como uno de los pocos instrumentos públicos específicamente destinados a fomentar la traducción editorial en Chile. Su objetivo ha sido facilitar la circulación de obras mediante el financiamiento de proyectos de traducción, fortaleciendo el ecosistema del libro y promoviendo el intercambio cultural. No se trata únicamente de apoyar a traductores o editoriales de manera aislada: se trata de reconocer que la traducción es una pieza fundamental en la diversidad bibliográfica disponible para lectores y lectoras, así como en la profesionalización de un oficio altamente especializado.

Durante sus distintas convocatorias, el programa mostró señales de consolidación. Aumentó progresivamente el presupuesto total destinado al concurso y también el número de proyectos financiados, permitiendo que más editoriales apostaran por publicar obras traducidas y que más traductoras y traductores vieran reconocido su trabajo. En un contexto donde los costos de adquisición de derechos, traducción y edición representan un riesgo importante para proyectos independientes, esta línea se convirtió en un incentivo concreto para ampliar los catálogos editoriales y diversificar la oferta cultural.

Sin embargo, el crecimiento del programa también dejó en evidencia algunas limitaciones que el propio sector ha venido señalando desde hace años.

Una de las principales observaciones ha sido el monto máximo adjudicable por proyecto: cuatro millones de pesos. Aunque esta cifra pudo resultar razonable cuando la línea fue creada, lo cierto es que permanece inalterada desde hace aproximadamente una década. En ese mismo período, el aumento del costo de la vida y de los costos editoriales ha reducido significativamente el valor real de ese financiamiento, y las tarifas profesionales han debido ajustarse (o deberían hacerlo) para responder a las exigencias de un trabajo altamente calificado.

Esta situación obligaba con frecuencia a complementar el financiamiento con recursos propios de las editoriales o a negociar presupuestos muy ajustados, limitando el alcance que la política pública podía tener. En otras palabras, mientras el programa crecía en número de beneficiarios, el apoyo efectivo que recibía cada proyecto permanecía congelado en el tiempo.

Precisamente por eso resulta preocupante que en 2026 la incertidumbre no sea sobre una mejora del instrumento, sino sobre su propia existencia. La ausencia de convocatoria no solo afecta la planificación de editoriales y profesionales que trabajan con largos plazos de producción. También interrumpe una política pública que había logrado instalarse como un mecanismo estable de apoyo a la traducción literaria y editorial.

Este escenario no puede normalizarse ni convertirse en una forma habitual de gestión de la política pública. Al mismo tiempo, esta situación ofrece una oportunidad para revisar el camino recorrido y abrir una conversación más amplia sobre cómo debería proyectarse esta línea hacia el futuro. La discusión no debiera limitarse a si habrá o no convocatoria este año, sino a cómo fortalecer una política pública que ha demostrado su impacto. ¿Cómo actualizar un instrumento diseñado hace más de diez años? ¿Qué necesidades del sector sigue cubriendo? ¿Cuáles requieren ser actualizadas? ¿Cómo puede fortalecerse para responder mejor a las transformaciones que ha experimentado el sector editorial y el ejercicio profesional de la traducción? ¿Cómo avanzar en el objetivo de consolidar a Chile como un polo de traducción al español?

En esa discusión contamos hoy con herramientas valiosas. Una de ellas es el estudio realizado por nuestras socias María Isabel Diéguez e Irene De Marchi, elaborado en el marco del Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación (CETI), que analiza la Línea de Apoyo a la Traducción desde la perspectiva de sus resultados y de la experiencia de quienes han participado en ella. El trabajo constituye una base sólida para pensar el presente y el futuro de este fondo, y aporta evidencia donde muchas veces predominan solo las impresiones.

Leer el estudio del CETI

Asimismo, invitamos a revisar la charla organizada el año pasado por el COTICH y el CETI dedicada precisamente a esta línea de financiamiento, donde se abordaron tanto sus fortalezas como sus desafíos desde la experiencia de traductoras y especialistas.

Ver la charla Línea de Apoyo a la Traducción COTICH–CETI

Desde el Comité de Traducción Literaria y Editorial del COTICH creemos que la continuidad, el fortalecimiento y la actualización de instrumentos como esta línea no constituyen una demanda sectorial aislada. Son una inversión en bibliodiversidad, circulación de conocimiento, intercambio cultural y desarrollo profesional. Después de más de una década en que el programa ha financiado casi medio millar de proyectos, ampliado el acceso a obras provenientes de diversas lenguas y fortalecido el trabajo de editoriales y traductores, el desafío ya no debería ser únicamente asegurar su continuidad, sino también permitirle crecer.

Hacemos un llamado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a informar con claridad el estado de la convocatoria 2026 y a garantizar su apertura. El sector editorial y la comunidad de traductoras y traductores necesitan certezas para planificar su trabajo, y el país necesita dar continuidad a una política pública que ha demostrado su impacto y su pertinencia.

A partir de allí, será posible discutir los desafíos pendientes: actualizar el monto máximo por proyecto, profundizar su alcance territorial y avanzar decididamente en el objetivo de posicionar a Chile como un polo de traducción al español. Esa es la conversación que a esta altura correspondería tener. Pero ninguna mejora será posible si antes se pone en riesgo la existencia misma de una de las políticas públicas más relevantes para la traducción editorial en Chile.