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En un mundo cada vez más interconectado, la necesidad de trascender las barreras idiomáticas en el ámbito judicial es innegable. Dentro de este contexto, el perito lingüístico se convierte en pieza clave para garantizar la equidad y la precisión. Sin embargo, en la práctica judicial chilena persiste una confusión recurrente: la solicitud genérica de “perito traductor e intérprete” sin diferenciar la naturaleza específica del servicio requerido. Esta práctica, lejos de ser una mera formalidad, tiene un impacto directo en la eficiencia procesal, en la calidad del trabajo pericial y en el uso óptimo de los recursos judiciales.

Dos profesiones, dos especializaciones distintas

El perito traductor es un profesional especializado en el traslado escrito de textos de un idioma a otro. Su labor exige un dominio absoluto de la gramática, el estilo, la terminología y las convenciones legales, así como la capacidad de garantizar que el documento traducido preserve íntegramente el significado y los efectos jurídicos del original. Este trabajo se desarrolla en un entorno controlado, con acceso a glosarios, diccionarios y referencias especializadas, y requiere tiempo y reflexión para alcanzar la máxima precisión.

Por el contrario, el perito intérprete se dedica a la comunicación oral, ya sea de forma simultánea — transmitiendo en tiempo real — o consecutiva — esperando pausas del hablante —. Su trabajo demanda agilidad mental, escucha activa, memoria operativa y capacidad de síntesis bajo presión. La interpretación se ajusta a las particularidades del discurso oral y busca transmitir el mensaje de forma clara y comprensible en contextos como audiencias, declaraciones, juicios o negociaciones.

Aunque ambas profesiones comparten la base del dominio de dos o más idiomas, sus formaciones profesionales, habilidades, herramientas, entornos de trabajo y productos finales son diferentes. Confundirlas es desconocer la especificidad de cada disciplina.

El impacto de una solicitud precisa

La designación correcta desde el inicio del proceso no es un detalle menor:

• Optimiza recursos judiciales, evitando reprogramaciones y designaciones duplicadas.
• Garantiza calidad técnica, asignando el trabajo a un especialista en su campo.
• Ahorra tiempo, facilitando que el servicio pericial se ejecute dentro de los plazos procesales.
• Reduce costos, contratando exactamente la competencia requerida.

En casos complejos, ambas funciones pueden ser necesarias. Por ejemplo, un litigio que involucre documentos extranjeros y testigos no hispanohablantes requerirá tanto un perito traductor — para la traducción certificada de los documentos — como un perito intérprete — para la mediación oral en audiencias —. La claridad en la solicitud inicial permite planificar y coordinar adecuadamente el trabajo de ambos, evitando retrasos y malentendidos.

El desafío en Chile

En la actualidad, las nóminas de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones, así como las convocatorias correspondientes, no distinguen entre las profesiones de perito traductor y perito intérprete, lo que obliga a agrupar a ambos bajo una única rúbrica. Esta ausencia de categorización específica propicia designaciones erróneas que afectan de manera directa la economía procesal.

Resultaría altamente conveniente que el Poder Judicial incorporara en sus registros una clasificación precisa que distinga formalmente entre ambas especialidades. Sin embargo, en tanto ello no ocurra, es imperativo que los abogados formulen solicitudes de designación con la debida especificidad. Si la labor requerida consiste en la traducción de un contrato u otro documento escrito, debe solicitarse de forma expresa la designación de un perito traductor. Si, por el contrario, la necesidad es la interpretación en el marco de una audiencia o diligencia oral, la petición debe indicar con igual precisión la designación de un perito intérprete.

Asimismo, hasta que el Poder Judicial no adopte esta separación en sus registros, los abogados deberían velar porque tanto el acta como el correo electrónico de designación consignen expresamente la especialidad requerida. Nombrar a un profesional cuyas competencias no se ajusten a la tarea solicitada no solo genera retrasos innecesarios, sino que también compromete la calidad y la validez de la prueba pericial.

Un llamado a la excelencia

Como peritos y como profesionales del área, tenemos la responsabilidad de velar porque cada tarea sea realizada por el experto idóneo. La distinción entre traducción e interpretación no es un capricho técnico, sino una necesidad operativa y estratégica para que el sistema judicial funcione con eficacia.

Invito a colegas peritos, abogados litigantes y jueces a adoptar esta práctica diferenciada y a exigir precisión en las solicitudes periciales. Solo así podremos garantizar que la justicia chilena se administre con la máxima eficiencia y calidad, superando las barreras idiomáticas sin sacrificar tiempo, recursos ni exactitud.

Katherine Ann Kauffman Jones, socia COTICH n.º 139

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